El periódico La Prensa informó que la defensora fue “asesinada” en su despacho de la Colonia Roma y que presentaba “golpes contusos”, además de lesiones que le fueron ocasionadas con arma de fuego. Las investigaciones tuvieron que dar un extraño giro: No pudo comprobarse un “crimen de Estado”, y en cambio, la configuración de un suicidio se asomaba en las averiguaciones con más énfasis.

Redacción/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México

Ciudad de México.- El periódico La Prensa informó el 4 de diciembre de 2002, que la defensora de derechos humanos, licenciada Digna Ochoa y Plácido fue “asesinada” en su despacho de la Colonia Roma y que presentaba “golpes contusos”, además de lesiones que le fueron ocasionadas con arma de fuego.

Alrededor de las 21 horas del viernes 19 de octubre de 2001, fue descubierto el cadáver en un lugar “aparentemente en desorden”, por lo que se presumía que los criminales buscaban algo, además de que se supuso que eran conocidos de la víctima, pues las cerraduras no estaban forzadas.

Golpes contusos… que no existieron. Lugar en “aparente desorden”, que no hubo. “Criminales” que buscan algo, cerraduras no forzadas. ¿Quién iba a creer posteriormente que los hechos no sucedieron así?

El Procurador Bernardo Bátiz, buen político, pero no investigador, colmó la confusión al calificar el asunto de la licenciada Digna Ochoa como “Asesinato con tintes políticos”.

El “asesino”—según el grave error de Bátiz—dejó un recado ofensivo para el PRD. En realidad, la abogada escribió mal un recado para el centro de derechos humanos PRO y podía leerse “PRD”. La Procuraduría trató de enmendar por la tarde la terrible falla de interpretación por parte de Bátiz, pero ya había prendido “la duda razonable” en la mente de miles de ciudadanos.

¿Cómo pudo atreverse Bátiz a señalar un “asesinato”, cuando ni siquiera sabía de quién era el arma antigua encontrada en el lugar de los hechos?

La ahora extinta tenía colocados unos guantes de látex rojo y por el piso había esparcido harina de trigo. En la harina no había huellas de algún “presunto criminal” y la pistola vieja fue propiedad de Digna Ochoa.

Lo único que pudo añadir Bátiz fue que el arma era de origen checoslovaco, calibre .22, (los asesinos profesionales casi nunca utilizan calibres tan pequeños), larga y no es muy común, “difícil de conseguir actualmente”, dijo.

Al parecer, un pariente de la señora se la regaló para su protección, pues “no hacía mucho tiempo alguien la había secuestrado”. Lo que no fue cierto, Digna inventó el secuestro y su violación, en realidad estaba en Yucatán, donde pidió asilo “porque su esposo, (inexistente), quería dañarla”.

Además, ¿por qué algún mercenario homicida iba a utilizar un arma de la que no sabía su existencia, en un lugar donde había muchos libros y archivos que no fueron tocados y tampoco se denunció el robo de algún objeto de valor?

Las investigaciones tuvieron que dar un extraño giro: no pudo comprobarse un “crimen de Estado”, y en cambio, la configuración de un suicidio se asomaba en las averiguaciones.

Se expresó que la CNDH, la Red Mexicana de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, se pronunciaron porque fuera la PGJDF la que se hiciera cargo del caso y rechazaron la intervención de la PGR, “pues no logró avances en las denuncias que había presentado la ahora occisa de amenazas, hostigamiento y hasta secuestro”.

Y se afirmó que, por instrucciones de la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación apoyaría a la PGJDF en las investigaciones relacionadas con el “asesinato” de Digna Ochoa y Plácido, para que “el crimen” no quedara impune, toda vez que fue considerado “un agravio para el gobierno federal”.

El funcionario Santiago Creel Miranda declaró que “el atentado” era una afrenta “a todos los que deseamos vivir en paz, se debe indagar a quienes tenían a su cargo la custodia de la abogada por recomendación internacional y que finalmente se descuidó”.

El llamado líder moral del PRD, licenciado Cuauhtémoc Cárdenas, aseveró que el “crimen” confirmaba que “en México no hay garantías para el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.

La CNDH, ajonjolí de todos los moles “inexplicables” en cuestión de derechos humanos, iba a solicitar formalmente a Gobernación “seguridad para sus defensores”, luego de que el “asesinato” de Digna Ochoa pusiera en duda las garantías para su labor.

Y como hace cincuenta años, desde el síndrome del 68, comenzó a mencionarse a los militares, pues Digna Ochoa “defendía a campesinos ecologistas de Guerrero, detenidos por fuerzas castrenses”.

Bernardo Bátiz demostró que Digna Ochoa había renunciado a su escolta, luego de un viaje a Estados Unidos. El Senado pidió una investigación rigurosa del caso, guardó un minuto de silencio en memoria de Digna Ochoa y Diego Fernández de Ceballos aseguró que “todo crimen es repudiable, fue un asesinato cobarde, artero, que nos debe indignar a todos y por eso la sociedad exige castigo para los asesinos materiales e intelectuales”.

Hasta el embajador norteamericano Jeffrey Davidow se unió a las voces que condenaban el “asesinato” de la activista de derechos humanos Digna Ochoa y confió en que se realizaría una investigación exhaustiva del “artero crimen”, porque fue un acto atroz y vil.

El licenciado Francisco Labastida Ochoa dijo que el prestigio de instituciones como el Ejército Mexicano está más allá de los lodazales y no puede quedar en entredicho, “el Ejército es pieza clave de nuestra estabilidad, no se puede insinuar su autoría sin pruebas”.

La subsecretaria para Derechos Humanos y Democracia, Mariclaire Acosta, aclaró que el gobierno mexicano a través de la cancillería no solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni a la Comisión que retirara la protección a Digna Ochoa, “sino que considerara la pertinencia, que valorara la posibilidad en virtud de que las amenazas habían cesado”.

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