*En Tamaulipas, como quedó demostrado con el escándalo de la venta de plazas en la PGR, el cual estalló en diciembre del 2000, cuando el subdelegado de la Policía Judicial Federal de Chihuahua pretendía vender la plaza 

*En un documento que aparece en el expediente criminal del coronel Castro Aparicio, se incluye una relación de hechos en los que se vincula a Navarrete Prida y a otros funcionarios de la PGR en presuntas actividades ilícitas 

Ricardo Ravelo/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México 

(Tercera de seis partes) 

Ciudad de México.- Desde hacía varios años, el cártel de Juárez buscaba posicionarse en Tamaulipas, como quedó demostrado con el escándalo de la venta de plazas en la PGR, el cual estalló en diciembre del 2000, cuando el subdelegado de la Policía Judicial Federal de Chihuahua, José Luis Díaz Pérez, pretendía comprar una plaza en Tamaulipas previo pago de medio millón de dólares que le había pedido su jefe, Norberto Jesús Suárez Gómez, quien era delegado de la PGR en Chihuahua.  

El dinero, de acuerdo con la investigación, lo había aportado Vicente Carrillo Fuentes, quien de esa forma pretendía no sólo tener el control de la policía, sino de la misma delegación estatal. En este embrollo resultó implicado Navarrete Prida, quien era el que operaba el negocio, según quedó acreditado en la investigación que llevó a cabo la UEDO.  

En un documento que aparece en el expediente criminal del coronel Castro Aparicio, se incluye una relación de hechos en los que se vincula a Navarrete Prida y a otros funcionarios de la PGR en presuntas actividades ilícitas. También se da cuenta del pleito que dividió a Navarrete y a Castro Aparicio y las razones de aquella lucha de poder, protagonizada por ambos en 1999, por el control de la delegación de la PGR en Tamaulipas.  

Dice el texto:  “El licenciado Alfonso Navarrete Prida, procurador general de Justicia del Estado de México, durante su desempeño como subprocurador General de la República, junto con el delegado de la PGR en Tijuana, Cuauhtémoc Herrera Suástegui (recientemente fallecido por problemas hepáticos) fueron descubiertos en sus relaciones con el narcotráfico, de acuerdo con información oficial de la PGR. 

“Los antecedentes de este caso corresponden a febrero de 1999 cuando el teniente coronel y licenciado Carmen Oralio Castro, comisionado por la Procuraduría General de la República en Ciudad Victoria, Tamaulipas, recibió una llamada del licenciado Manuel Alvarez González, secretario particular de Alfonso Navarrete Prida, indicándole que por sus órdenes el licenciado Rubén Armando Alvarez Almunia se haría cargo por tiempo indefinido de esa plaza a cargo del licenciado Hugo Chapital.  

 “Esta decisión provocó roces con el personal de la PGR en Tamaulipas y según reportes oficiales de la PGR, el subprocurador General Alfonso Navarrete Prida filtró información para desacreditar al Ejército Mexicano a raiz de la detención de dos elementos de las Fuerzas Armadas.  

 “A consecuencia de esa situación fue asesinado el teniente Jaime Rajad Gutiérrez Arreola, primer subcomandante de la delegación de la PGR, resultando sospechosos colaboradores del subprocurador Navarrete Prida.  

 “El subdelegado de la PGR en Tamaulipas, Aurelio Soto Huerta, se inconformó con los nombramientos de los nuevos funcionarios, alegando que el subprocurador Navarrete Prida no tenía facultades para (hacer) esas designaciones. Un dato relevante es el que se refiere a la actividad del licenciado Soto Huerta, cuyos agentes bajo su mando confiscaron en julio de 1999 una tonelada de cocaína y un millón de dólares a varios miembros del cártel del Golfo. En lugar de recibir una felicitación del subprocurador Alfonso Navarrete, éste personalmente le regañó y le pidió la renuncia, ordenando someter (a Soto Huerta) a exámenes psicológicos.  

 “Otro reporte reciente sobre la conducta de Navarrete Prida durante su desempeño como subprocurador es el que indica otra dificultad con el teniente coronel Lorenzo Salas Medina, quien fue nombrado primeramente delegado en el estado de Tamaulipas y luego delegado en la ciudad de Tijuana, Baja California.   

 “El teniente coronel, durante su desempeño, confiscó varios millones de dólares y los reportó en los expedientes y al procurador, lo cual enojó al subprocurador Navarrete Prida”.      

 “Entre los reportes referidos a la conducta de los principales colaboradores de Navarrete Prida, durante su desempeño como subprocurador,, sobresalen los siguientes hechos: el licenciado José Angel Ordóñez González, considerado como uno de los más corruptos de la PGR, fue comisionado a la ciudad de Miguel Alemán, en Tamaulipas, por órdenes de Alfonso Navarrete, donde extorsionó con 200 mil dólares a narcotraficantes. Al tomar nota de esta situación, elementos de la PGR, Ordóñez González se vio obligado a devolver el dinero. 

 “Entre los reportes confidenciales de la PGR sobresale el caso del licenciado Armando Dávila Almunia, quien poco después de haber sido designado por Alfonso Navarrete como delegado de la PGR en Tamaulipas, éste entregó cien mil dólares en una quema de drogas, el 18 de mayo de 1999 en Reynosa, Tamaulipas, al licenciado Rogelio Figueroa, colaborador muy cercano a Alfonso Navarrete, como agradecimiento por el nombramiento como funcionario”.         

Las pesquisas de la DEA en México 

El nombre de Osiel ya figuraba entre los narcotraficantes más peligrosos y era uno de los más buscados en el mundo. Pero el capo sólo cobro conciencia de ello cuando, en noviembre de 1999, se topó en su propia zona de influencia con tres agentes antidroga estadunidenses –dos de la DEA y uno del FBI– infiltrados en territorio mexicano y apoyados por un informante local cuya identidad nunca se reveló–. Ese incidente evidenció lo que en México ya se sabía: que las investigaciones importantes del narcotráfico las realiza la DEA con la complacencia de la PGR. Cárdenas Guillén ya no pudo vivir en paz. 

El asunto traía sus ribetes, sobre todo porque los agentes estadunidenses estuvieron a punto de ser ejecutados por los sicarios del cártel, lo que tensó las relaciones entre México y Estados Unidos. Los hechos estuvieron a punto de reproducir un capítulo similar al ocurrido en 1983, cuando fue ejecutado el agente encubierto Enrique Camarena Salazar, lo que puso al país al borde de un colapso.  

Y es que dichos agentes realizaban un recorrido por territorio tamaulipeco para ubicar los escondites de Osiel. En Matamoros realizaron entrevistas y fotografiaron algunas casas del cártel en las que Cárdenas Guillén solía refugiarse. En suma, trabajaban en la integración de un expediente detallado sobre el cártel del Golfo.

No era para menos: la organización introducía por esas fechas más de 20 toneladas de cocaína a territorio estadunidense por la frontera tamaulipeca. Aunque el capo era visto como una amenaza en Estados Unidos, en México las autoridades federales se negaban a dimensionarlo como un narcotraficante de altos vuelos y actuaban apaciblemente.  

Ese día de noviembre, cuando los agentes llevaban a cabo su recorrido, se percataron de que otros vehículos seguían su auto, y antes de que pudieran despistarlos se vieron cercados  por un grupo de entre 12 y 15 hombres –algunos fueron identificados como elementos de la PME–, que les apuntaban con armas automáticas. Los presuntos narcotraficantes reconocieron al informante y le pidieron bajar del auto; ante la negativa, los pistoleros los encañonaron. 

Sin otra opción, descubierta la trama, los agentes antinarcóticos decidieron identificarse, y advirtieron a los narcos la gravedad de la situación, conminándoles a no dispararles. Según las investigaciones de la PGR, Osiel Cárdenas dio la orden de retirada después de gritar: “!Gringos!, este es mi territorio. No lo pueden controlar. ¡Sálganse como el demonio de aquí¡”.  

No era la primera vez que agentes de la DEA penetraban el territorio nacional para llevar a cabo investigaciones sobre narcotráfico. En julio de 1997, por ejemplo, fueron agentes de la DEA quienes confirmaron, antes incluso que la PGR, la muerte de Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos. Y han venido actuando de manera encubierta en el país desde hace varios lustros. Fueron elementos de esa corporación estadunidense quienes detuvieron al exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, después de varios meses de búsqueda, en mayo de 2001. Otro ejemplo de la intromisión de esa agencia antidrogas se repitió al año siguiente, cuando algunos de sus elementos se anticiparon a las corporaciones nacionales al divulgar la versión de que Ramón Arellano Félix era el sujeto ejecutado de un balazo en la cabeza en una calle de Mazatlán, en pleno carnaval; había acudido a esa entidad, desde su natal Tijuana en busca de Ismael El Mayo Zambada para asesinarlo.  

Pero en el caso de Tamaulipas, la PGR se negó a reconocer que agentes de la DEA estuvieran investigando a Osiel. El procurador Jorge Madrazo superó el escollo al declarar  que no se podía confirmar si los agentes amenazados eran miembros de la DEA o del FBI. Lo cierto es que el día de los hechos se encontraba en Washington, donde se celebraba una reunión del Grupo de Contacto de Alto Nivel para evaluar los avances en la lucha contra el narcotráfico en América Latina. El procurador se enteró del ese episodio en plena sesión.  

A pesar de ser uno de los más comprometidos en el combate al tráfico de drogas con acciones como el sellamiento de la Península de Yucatán, una de las regiones más porosas del país por donde entra la droga procedente de Colombia y otros países de Sudamérica, el procurador Madrazo Cuéllar se mostró atribulado cuando las autoridades estadunidenses le informaron sobre el choque entre los agentes de la DEA y el capo del cártel del Golfo, quien representaba ya una amenaza real para Estados Unidos por la capacidad mostrada en la reestructuración del grupo criminal que la PGR seguía considerando desarticulado desde que, en enero de 1996, fuera capturado Juan García Abrego, durante la gestión del procurador panista Antonio Lozano Gracia.  

Las corporaciones de Estados Unidos no se dormían en sus laureles. De acuerdo con los reportes de sus informantes, el cártel había evolucionado paulatinamente. Sabía con precisión  que sus ramificaciones comenzaban a extenderse al menos a una decena de entidades de la República: desde el Golfo de México hasta parte del Pacífico, rutas que se habían ganado mediante la violencia, corrompiendo a las autoridades o bien tejiendo alianzas con otros grupos de narcotraficantes.  

Madrazo Cuéllar no se amilanó. Apenas regresó, llamó de inmediato a los encargados de la FEADS y de la UEDO, Mariano Herrán Salvatti y José Trinidad Larrieta Carrasco, respectivamente:  

–Me acaban de informar que unos agentes de la DEA tuvieron un enfrentamiento en Tamaulipas con un tal Osiel no se qué… Por favor, investiguen rápido y me informan a la brevedad.  

Herrán Salvatti y Larrieta Carrasco enmudecieron. ¿Quién era ese tal Osiel Cárdenas?  

A partir de entonces comenzó a agigantarse la figura de Cárdenas Guillén. Bastó que en Estados Unidos le atribuyeran sus dotes de liderazgo y habilidades para penetrar las estructuras del Estado, así como la capacidad criminal de su organización, para que las corporaciones policíacas nacionales volvieran su vista a él. Si antaño su nombre era ignorado o desdeñado, súbitamente se convirtió en referente obligado en conferencias de prensa, informes de inteligencia y los destacamentos del Ejército –que tenía una participación incipiente en la lucha contra el narcotráfico– se esforzaron por indagar acerca de sus andanzas por Tamaulipas. No obstante, a pesar de la presión de Estados Unidos que exigía detenerlo, las investigaciones mexicanas nunca llegaban al fondo. Todavía faltaba tiempo para que la PGR dimensionara la inteligencia del capo tamaulipeco. 

En sus expedientes, sólo se consignaba su nombre vinculado a delitos menores y se le tenía como un granjero sin mayores dotes. Gracias a ese bajo perfil, cubierto por el manto protector del gobierno de Tomás Yarrington –quien mostró indiferencia a lo largo de su sexenio ante las tropelías del capo y sus aliados–, el cartel pudo fortalecerse sin contratiempos y expandirse como empresa criminal.  

A la par que se fortalecía el cartel, el apremio de las autoridades estadunidenses crecía. Incluso Heric Holder, subprocurador de Justicia, dijo en conferencia de prensa en Washington, en noviembre de 1999, que le había expresado al embajador de México en Estados Unidos, Jesús Reyes Heroles, durante una reunión, su preocupación por la forma en que habían sido tratados los agentes de la DEA en México.  

Interpelado por los reporteros acerca de si su gobierno estaba negociando con las autoridades de México el permiso para que los agentes de la DEA pudieran portar arma en territorio mexicano. Holder respondió: “Lo único que queremos es que quienes trabajen con sus contrapartes mexicanos estén seguros…Queremos sentirnos seguros, aquí en Washington, de que la gente que trabaja con la DEA y el FBI puedan hacer con seguridad su trabajo en México”. 

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