*El líder priista, Francisco Torres, con el asesoramiento de su «madrina política», la corrupta exgobernadora Ivonne Ortega, negoció con el «experto alquimista» del PAN, Roger Torres Peniche, la derrota de los aspirantes del tricolor en favor de sus homólogos del blanquiazul

*El PRI negoció el Congreso del Estado con el Gobernador y colocó como candidatos a diputados a personas carentes de carisma y sin vínculo alguno con el pueblo. Fueron puestos para perder «democráticamente»

*La consigna de la mafia Rolandista-Ivonnista-Vilista es hacerse del mayor número de diputaciones locales, federales y de alcaldías

Redacción /Sol Yucatán

Mérida. – La perversa y maquiavélica alianza del PRIAN en Yucatán  contempla la entrega del Congreso Local al blanquiazul, a cambio de prebendas y favores políticos al grupúsculo que encabeza su actual dirigente estatal, Francisco Torres Rivas.

Este último,  sabedor del repudio popular en contra del tricolor que dará como resultado una paliza en las urnas, con el asesoramiento de su «madrina política», la corrupta exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco, negoció con el «experto alquimista» del PAN, Roger Torres Peniche, expriista por cierto, la derrota de los aspirantes del tricolor en favor de sus homólogos del blanquiazul.

La consigna de la mafia Rolandista-Ivonnista-Vilista es hacerse del mayor número de diputaciones locales, federales y de alcaldías, para cerrarle aplastar a Morena.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) negoció el Congreso del Estado con el Gobernador Mauricio Vila Dosal, ya que en este proceso electoral colocó como candidatos a diputados a personas carentes de carisma y sin vínculo alguno con el pueblo, es decir, fueron puestos para perder «democráticamente».

Al mismo tiempo, el tricolor le dará la oportunidad al partido Movimiento Ciudadano para que ocupe curules, como parte del acuerdo entre el dirigente estatal del PRI, Francisco Torres Rivas, y la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco.

Es decir, «a río revuelto, ganancia de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano», pues se aprovecha el peor momento que el PRI tiene en toda su historia.

Actualmente, el PRI en México, y en particular en Yucatán, enfrenta una grave crisis, no sólo de valores sino de identidad económica, de poder y de liderazgo, cuyas consecuencias impactarán en los resultados del próximo 6 de junio, donde la tendencia y los pronósticos lo ubican en tercero o cuarto lugar a nivel nacional y local.

Con la pérdida de todo poder de Gobierno y ante la negativa de los líderes de grupos o «caciques» de invertirle al partido, en la que han optado por privilegiar sus intereses particulares que los del instituto al que agracia a él, alcanzaron la posición que ocuparon, sin importarle en lo más mínimo la militancia, más que para que ésta siga ocupando el espacio al que siempre han relegado: darle su voto y hacer el trabajo sucio.

Sólo basta mirar la lista de los candidatos a las diputaciones locales para que los priistas de a pie confirmen la posición que le siguen dando: NADA y de simples obreros políticos, que, dicho sea de paso, muchos lo hacen con toda dignidad y amor por el partido, aunque quienes toman las decisiones, la mayoría de las veces pisotean sus derechos.

Ante el desconocimiento de muchos aspirantes, escasa o nula trayectoria y, sobre todo, incipiente trabajo político, superado con creces con el de cualquier líder o lideresa de seccionales o comités de base, que llevan lustros de trabajo y militancia en el Revolucionario Institucional.

La entrega del Congreso al PAN

Ante esas decisiones, el PRI está jugando a perder, a entregar el Congreso del Estado, a formar parte de una negociación donde la condición de PRIAN la está haciendo valer de facto, sin que medie en forma oficial el acuerdo para el caso de Yucatán, donde ambos partidos van solos, pero intercambiando posiciones (distritos y alcaldías), alentados por el cochinero, enfrentamientos y división que existen en su enemigo natural: el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Este escenario se agudiza con las torpes, erráticas y demagogas decisiones y posturas asumidas por el impuesto dirigente estatal, Francisco Alberto Torres Rivas, a quien ya nadie lo quiere en el PRI, de ahí que uno de los grupos le ofreció la candidatura al Primer Distrito, para darle una salida «decorosa», pasando por quienes también querían competir por esa posición.

Las pugnas que ha generado la imposición de las candidaturas por el pugilato del partido obligó a Torres Rivas a cometer otra de sus graves torpezas, abrir sin dialogar, y menos conciliar, el registro para las diputaciones locales, lo que dejó entrampado al partido y evidenció su pésima labor política, entendida como berrinche cual diva en decadencia donde busca pelear por lo que «el tiempo se llevó».

La lista de «desconocidos», corruptos y/o delincuentes candidatos del PRI, que presume tener «experiencia con juventud», lo que en el argot político se identifica como «la caballada está flaca».

Distrito            Candidato

I           Francisco Alberto Torres Rivas

II          María Carolina Herrera Casares

III         Alfonso Antonio Peniche Ferreyro

IV         Elda María Nechar Dajdaj

V          Jorge Armando García

VI         Carlos Manuel Canché Baas

VII        Alejandra Rivas Escalante

VIII       Thelma Yamile Novelo Romero

IX         Jorge Carlos Montañez Arroyo

X          Josué Manuel Castillo Amézquita

XI         María Teresa Moisés Escalante

XII        Carlos Roberto Pacho Granados

XIII       Luis Enrique Borjas Romero

XIV       Fabiola Loeza Novelo

XV        Liliana Elvira Guadalupe Araujo Lara

Peor aún, sin Gobierno y con carencia de recursos, pero con una nómina abultada, ocupada por oportunistas, sátrapas, recomendados y parásitos sociales, el PRI tendrá que pagar la multa que le impuso el año pasado el Instituto Nacional Electoral por más de 21 millones de pesos, por practicar «turismo electoral», tanto en Quintana Roo como en Yucatán, donde curiosamente «Pancho» Torres era el delegado del PRI en el vecino Estado.

Como el delito fue cometido por el PRI Yucatán, de acuerdo a las denuncias de los partidos de oposición y a la resolución del INE, el Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, el cual tampoco ya aguanta a «Pancho» Torres, le pasó la factura al estatal para que empiece a saldar su deuda.

Ante esta crítica situación, a «Pancho» Torres no le quedará dinero que robar del partido para costear su campaña y, la mejor idea que tuvo, es orquestar el despido de gente de la Casa del Pueblo, empezando con la secretaria Gaby Gamboa Marrufo, quien llevaba años aguantando a cuanto déspota dirigente ponían en el tricolor.

De acuerdo a fuentes del partido, «Pancho» Torres montó en cólera cuando supo que tenía que ir pagando la multa

Algunos trabajadores confiaron al reportero que Torres Rivas anunció que muchos se irán a la calle, entendida esta amenaza como un despido masivo en tiempos de pandemia, aunque la pregunta que se hicieron es si en realidad irán a correr a la bola de recomendados, zánganos y zánganas que sólo acuden a hacer acto de presencia.

Refirieron que en el caso del impuesto dirigente, tiene un sueldo de 40 mil pesos, mientras gente cercana a él y con estrecho lazos familiares, como Gabriel Jiménez, se embolsa libre de polvo y paja 24 mil pesos.

En tanto, otras «priistas» como Carolina Herrera detenta un sueldo de 18 mil pesos, mientras Merly Rojas, quien se dice comadre del alicaído dirigente, recibe una ayuda de 12 mil pesos.

En el caso de Martín Vázquez Pérez o Denisse Pérez Rodríguez tienen una percepción económica de 23 mil pesos, pero a nadie de ellos han tocado, más que a Gamboa Marrufo, quien de manera impotente, triste y a la vez decepcionada, amenazó con proceder de acuerdo a las leyes laborales, debido a lo injusto que resultó su despido, según dijo.

La multa al PRI

En el caso de la multa, fue en octubre del año pasado cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multar por más de 21 millones de pesos al PRI, por el llamado «turismo electoral» con el que instó a 467 ciudadanos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo a proporcionar falsos cambios de domicilio en el 2013, para distorsionar las elecciones en esas entidades.

También se castigó a los 467 ciudadanos involucrados, a quienes, según su capacidad económica, se les impusieron sanciones que van desde amonestaciones públicas a multas por 400, 800, mil 300, tres mil, seis mil 475 pesos y 34 mil pesos (a las dos personas que instigaron directamente a los ciudadanos a nombre del PRI), que suman 440 mil 673 pesos de sanciones.

La propuesta inicial planteaba aplicar una multa de 16 millones de pesos, pero los consejeros la rechazaron al considerarla mínima en comparación con la gravedad del asunto y tras siete años de litigios.

«Estamos convencidos que es una conducta que no debe repetirse y que no es lo mismo cuando se involucra a dos o tres ciudadanos en esta presentación fraudulenta de información para modificar el domicilio de los ciudadanos con fines electorales, es decir, cuando se trata de un domicilio real y legítimo, sino que es instigada por algún acto político», dijo en aquel entonces la consejera Claudia Zavala.

La consejera Carla Humphery criticó que este asunto se resuelva después de siete años, cuando «no es una conducta nueva» y el propio PRI llegó a presentar denuncias por el mismo delito en contra de otros partidos políticos, a pesar de que ellos mismos lo llevaban a la práctica, como hasta ahora lo hacen, de acuerdo a denuncias que ha presentado el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en varios municipios.

Tras varios rechazos, la consejera Claudia Zavala propuso apegarse a los criterios de sanción contemplados, por lo que el monto consecuente era el del 2.5 por ciento del total del presupuesto anual del partido, equivalente a 21 millones 401 mil 575.50 pesos, lo que finalmente avalaron por mayoría de votos.

Lo anterior se dio para acatar una sentencia del Tribunal Electoral de 2018, que ordenó al INE considerar de mayor gravedad la falta del PRI y de los dos instigadores por haber violado valores constitucionales y legales en materia electoral.

Cabe recordar que en 2013, empleados del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán, y personas humildes, fueron trasladados en camión a Playa del Carmen y Cancún, Quintana Roo, donde les proporcionaron credenciales de elector con residencia en esos distritos, con el fin de que emitieran su voto a favor del PRI.

Para ello, les ofrecieron transporte, hospedaje, alimentación y tres mil pesos como pago, sin saber que estaban cometiendo un delito electoral, el mismo que, de nuevo, tanto el PRI como el PAN repiten para las elecciones de este 2021.

En 2013, curiosamente «Pancho» Torres fue designado por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI como delegado en Benito Juárez, con cabecera en Cancún, cuando su madrina política, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, era la Secretaria General del tricolor a nivel nacional, junto con César Camacho Quiroz, como Presidente.

La exgobernadora de Yucatán envió a su pupilo «Pancho» Torres para intentar frenar y quitarle la Alcaldía de Benito Juárez al PRD, en las elecciones de 2015, y una de las estrategias llevadas a cabo fue la de registrar a yucatecos de Chemax, Valladolid, Chichimilá, Peto y de otras demarcaciones, quienes cambiaron de domicilio ante el IFE para darse de alta en Cancún.

Al final la estrategia le dio resultado, el delegado especial del PRI en Cancún, Torres Rivas, declaró días después de la elección el triunfo de su partido en Cancún, al recuperar la Presidencia Municipal que durante años estuvo en manos del PRD, derribando el mito de «invencibilidad» que ostentaba el Sol Azteca.

«Fue una victoria muy clara, con una diferencia de votos muy amplia: 98 mil para el PRI contra 44 mil del PRD. Esto hace una diferencia de casi 54 mil votos, que se convierte en histórica en un lugar donde la participación de los electores es tradicionalmente baja», dijo en aquel entonces el hoy «apestado» dirigente estatal.

Sin embargo, nunca se imaginó que el karma lo perseguiría y hoy tendrá que pagar las consecuencias, su madrina no lo podrá ayudar, porque como todo político sin escrúpulos, han volteado al partido para que asuma esa responsabilidad, multa que, como siempre, no será NI el partido NI los políticos que la paguen, serán los yucatecos quienes con sus impuestos solventarán esa deuda, porque al final de cuentas, el dinero que reciben de prerrogativas los partidos es dinero de los ciudadanos.

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