La conclusión de la fiscal Margarita María Guerra y Tejada, después de casi 11 meses de investigación en torno a la muerte de Digna Ochoa y Plácido, sustentada en más de 50 análisis periciales en materia de Psicología y Criminalística es que fue un suicidio disimulado.

Redacción/Sol Quintana Roo/Sol Yucatán/La Opinión de México

Ciudad de México.- La agencia Notimex expresó el sábado 19 de Julio de 2003, que el resultado que obtuvo la fiscal Margarita María Guerra y Tejada, después de casi 11 meses de investigación en torno a la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido es que fue un suicidio disimulado y se sustenta en más de 50 análisis periciales en materia de Psicología y Criminalística.

En la indagatoria en números, extraordinaria, se menciona que fueron tres Fiscales, 21 meses de investigación, no once como muchos creyeron, varias líneas de investigación: Militares, caciques de Guerrero, entorno social, familiar, personal y suicidio; 282 declaraciones ministeriales, 260 diligencias ministeriales, 269 intervenciones periciales, 595 informes de la Policía Judicial y otras autoridades y 10 visitas al Estado de Guerrero.

De todas las pruebas, insistió Notimex, más de 30 son consideradas por criminalistas como “hechos irrefutables”, lo que significó que existieron bases científicas sólidas para determinar que la abogada Digna Ochoa y Plácido no fue asesinada.

En entrevista para Notimex, la fiscal Guerra y Tejada expresó que la imagen de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, no quedaría en entredicho ya que los resultados fueron contundentes, además de que fueron analizados en detalle los últimos días de la abogada Ochoa, quien estuvo sumergida en una fuerte depresión.

La fiscal explicó que varios factores empujaron a Digna Ochoa a suicidarse y todos ellos confirmaron otros hechos que la misma abogada narró en un diario íntimo y en correos electrónicos enviados a sus amistades.

Ella nos habla de fantasías, de neurosis obsesivas, de períodos largos de depresión que cuando empiezan a operar en una persona que no tiene el apoyo permanente de especialista, pueden desencadenar en cualquier cosa que, desafortunadamente, siento que aquí fue lo que pasó—precisó.

La abogada Guerra dijo estar satisfecha de las diligencias realizadas durante casi un año, de los testimoniales recogidos entre amigos y familiares de Digna Ochoa en la capital del país y en provincia, de las pruebas periciales efectuadas y del análisis de los últimos días de la defensora de derechos humanos.

Su suicidio pudo desencadenarse por desesperación, “literalmente se le cerró el mundo por sus conflictos amorosos, por su decepción ya que no se le apoyó económicamente con una beca para continuar sus estudios en Estados Unidos, así como por su abrupta salida tanto de la organización “Miguel Agustín Pro Juárez” y de la congregación en donde voluntariamente se internó para ordenarse como monja”.

Todos esos indicios confirmaron, posteriormente, otros hechos de su vida que la misma Digna Ochoa narró en un diario personal que FUE ENCONTRADO EN SU OFICINA, así como en los mensajes que los peritos en electrónica pudieron rescatar de su computadora personal.

Es muy importante señalar que los peritos en Criminalística sostuvieron que se trató de un “suicidio disimulado” al que se le quiso dar apariencia de homicidio, (asesinato, crimen, ejecución) y ante la falta de apoyo de una organización no gubernamental a su actividad, Digna Ochoa quiso expresar que otros de sus compañeros podrían recurrir a esa misma actitud y sufrir depresión similar, por la supuesta ingratitud de que fue objeto.

La profesionista Karla Micheel Salas publicó el 23 de Noviembre de 2015, que la abogada y defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido “FUE ASESINADA” en su oficina en la ciudad de México, el 19 de octubre de 2001.

En la averiguación previa FDCUAUHT/03/USD04/2576/01-10, que tiene más de 43,000 fojas, se cuenta una verdad a medias, “basada en una investigación inconclusa, en peritajes manipulados y en conjeturas de algunos personajes que se negaban a cuestionar al gobierno de la ciudad de México o al propio círculo jesuita de organizaciones de la sociedad civil”, expresó la investigadora Micheel Salas.

En las primeras diligencias realizadas en el lugar de los hechos, se abrieron diversas líneas de investigación que vinculaban a la participación de miembros del ejército en el crimen, también se relacionó el asesinato con las amenazas y atentados que había sufrido Digna durante los meses previos a su muerte. Amenazas y atentados que sólo existieron en la fértil imaginación de la aspirante a monja.

Sin importarle el gran número de pruebas realizadas por expertos, Micheel Salas agregó que “desde el primer momento todo apuntaba a una ejecución extrajudicial y a la participación de cuando menos una persona en la comisión del crimen”.

Ingenuamente, Micheel dijo esperar que el caso sea elevado ante la Corte Intereamericana de Derechos Humanos para que el estado mexicano sea juzgado por las omisiones y graves irregularidades cometidas por la PGJ en la investigación de las amenazas que había sufrido la abogada, así como por su asesinato y finalmente “por mandato internacional se obligue a las autoridades a realizar una investigación con la debida diligencia”.

La tendenciosa investigadora pasó por alto que “las graves amenazas de muerte” se redujeron a un mensaje que la misma Digna Ochoa elaboró con recortes del periódico La Jornada, mismo ejemplar tijereteado que fue localizado en la oficina donde se suicidó la abogada veracruzana.

También se saltó la prueba confirmada de que nunca fue secuestrada y violada por oficiales policíacos veracruzanos, sino que inventó problemas con “su esposo” y, bajo el nombre “Guadalupe Roque”, se ocultó en Yucatán exactamente en el mismo lapso en que habría sido plagiada y violentada por los acusados.

Nunca agradeció la escritora que las autoridades de la Procuraduría callaron, por respeto, muchos datos que encontraron en la “memoria” de computadora utilizada por Digna Ochoa, en un diario íntimo y en mensajes que enviaba con su celular. Al contrario, realmente azuzó a la familia de Ochoa y Plácido para que expresaran su enojo e inconformidad que los llevó, lamentablemente, a interrumpir de algún modo el descanso eterno de la joven defensora de derechos humanos, al exhumar sus restos a sabiendas de que nada se iba a encontrar en cuestión de lesiones ante mortem.

El reportero Alejandro Páez expresó el 27 de junio de 2002, que la tesis del suicidio de Digna Ochoa que sostuvo la Procuraduría capitalina resultó incómoda para la dependencia y el fiscal que llevó las indagatorias, (en esa época Renato Sales), llevándolo a un enfrentamiento con la izquierda del país que descalificó las conclusiones.

El perredista Rene Lobato consideró que la tesis generó puntos de vista encontrados e incredulidad en la sociedad, pues “es una línea de investigación muy endeble” que la izquierda no puede aceptar”.

Y otra vez la abogada Karla Micheel Salas intervino para advertir que todo se expondría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la familia de Digna Ochoa “aspira volver a sentar en el banquillo de los acusados al Estado mexicano”.

En su momento, y sin dejarse amedrentar por la investigadora Micheel Salas, el procurador Miguel Ángel Mancera confirmó que en el expediente del caso de la muerte de Digna Ochoa y Plácido, hay dos pruebas periciales que confirman plenamente que la activista por los derechos humanos tenía tendencias suicidas.

Reiteró que el caso fue cerrado tras la revisión de los elementos de prueba realizados, como lo instruyó un amparo que obtuvo la familia de la activista. Subrayó que no hay una sola evidencia que permita presumir que Ochoa fue asesinada, ya que los dictámenes químicos y de mecánica de hechos verificaron que ella se disparó con su antigua pistola checoslovaca, calibre .22, “mientras que los exámenes psicológicos advirtieron desórdenes en su personalidad”.

Digna Ochoa enfrentaba una gran problemática personal que “tal vez ahora ya sea innecesario abundar, pero lo que podemos decir en este sentido es que dos exámenes periciales en Psicología son coincidentes en que había una personalidad que mostraba tendencia suicida”, enfatizó Mancera.

Respecto a las lesiones en el cuerpo de la activista, “las pruebas periciales corroboraron que se trataron de golpes anteriores al día en que incurrió la muerte, LO CUAL FUE REITERADO POR ESPECIALISTAS EXTRANJEROS”

Sobre la inconformidad expresada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, respecto a la determinación del no ejercicio de acción penal en el caso, Mancera reiteró que el amparo sólo instruía la revisión de los elementos ya aportados y en los cuales se sustenta la indagatoria. Si no hay conformidad de la otra parte o de la familia por lo resuelto, “pues pueden acudir a una autoridad federal, nosotros hemos cumplido con lo que dictaba la sentencia de amparo”, aclaró el procurador Mancera.

Cabe mencionar que también en este caso se siguió la tradición de publicar libros aparentemente bien documentados y la infaltable película tendenciosa “basada en hechos reales”.

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