Ricardo Ravelo/ LA OPINIÓN DE MÉXICO

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Daniel Cabeza de Vaca, está en la picota.

La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, presentó una solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados para que se abra el debate y se proceda al desafuero del mandatario tamaulipeco, investigado por estar implicado en delitos relacionados con la delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Cabeza de Vaca, además, enfrenta una investigación no menos robusta en Estados Unidos por lavado de dinero y porque la DEA halló datos y evidencias de sus presuntos vínculos con el Cártel de Los Zetas –uno de los más poderosos en Tamaulipas– quienes le habrían financiado su campaña política cuando fue candidato del PAN a la gubernatura de esa entidad del norte del país.

De igual forma, la FGR integró una carpeta en su contra por lavado de dinero, ya que se ha detectado que el gobernador tamaulipeco ha invertido varios miles de millones de pesos en la adquisición de al menos cien propiedades, entre ranchos, casas y departamentos de lujo tanto en México como en Estados Unidos.

Los reflectores se encendieron en contra de Cabeza de Vaca desde hace poco más de un año, cuando Raúl Eduardo Monge Castillo –Jefe de la Oficina Fiscal de la Secretaría de Finanzas del estado de Tamaulipas– fue secuestrado por el crimen organizado. Durante los largos interrogatorios a los que fue sometido, el exfuncionario declaró que el mandatario recibió financiamiento de Los Zetas para su campaña política.

También dijo que el gobernador Cabeza de Vaca se ha dedicado a lavar dinero del crimen, sumas de dinero que ha invertido en la compra de casas y departamentos de lujo, tanto en México como en el extranjero.

Estas declaraciones reforzaron las investigaciones que ya había iniciado la DEA en Estados Unidos. Los reflectores se intensificaron hace apenas unas semanas, cuando un grupo de 19 migrantes, en su mayoría guatemaltecos, fueron secuestrados presuntamente por el crimen organizado y, para desaparecer sus rastros, fueron calcinados. Antes, según las investigaciones, fueron rafagueados y después trasladados al municipio de Camargo, Tamaulipas, tierra dominada por los cárteles de la droga.

El gobierno de Guatemala presentó una denuncia internacional en contra del gobierno de Tamaulipas, pues acusa que la muerte de los migrantes fue un crimen de Estado, ya que existen evidencias de que la policía estatal de Tamaulipas –ligada al crimen organizado– participó en los hechos.

El caso tomó una fuerte relevancia internacional, no sólo por el hecho del número de personas asesinadas, sino porque la policía del estado participó en esa masacre, la segunda más escandalosa que se presenta en esa entidad desde el año 2010, cuando fueron descubiertos unos 70 migrantes centroamericanos enterrados en fosas clandestinas en el municipio de San Fernando.

Con base en sus antecedentes presuntamente criminales, la FGR procedió a solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero del mandatario tamaulipeco.

Francisco Daniel Cabeza de Vaca, en respuesta a la solicitud de desafuero que presentó la FGR, dijo en una conferencia de prensa que se trata de una persecución política en su contra por su adscripción a la Alianza Federalista y por exhibir a la Comisión Federal de Electricidad, al exhibir un documento apócrifo con el que justificó el mega-apagón ocurrido el 28 de diciembre de 2020.

El gobernador también afirma que la persecución política en su contra también obedece a que ha planteado su preferencia por los productos de

energía privados que están por encima de la empresa paraestatal que representa Manuel Bartlet.

Desde los años ochenta, este es el tercer proceso de desafuero que se efectúa. El primero de esa etapa, uno de los más escandalosos, fue el que enfrentó Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX durante el gobierno de José López Portillo, quien fue encarcelado durante el gobierno de Miguel de la Madrid bajo aquel principio llamado “La renovación moral”.

El segundo proceso de desafuero lo enfrentó precisamente el actual presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. El juicio lo enfrentó en el gobierno de Vicente Fox, pero en aquella ocasión el caso no procedió.

Ahora, Cabeza de Vaca será sometido al proceso de desafuero para que enfrente a la justicia, pues sobre él pesan varias investigaciones por delincuencia organizada.

Veremos en qué para este caso.

 

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